El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sigue sin presentar su plan para la aplicación de la Directiva europea que regula el control de los conductores desplazados por parte de empresas extrajeras no asentadas en España. Esta medida, parte importante del Paquete de Movilidad, debe estar en vigor antes del próximo mes de febrero y pretende limitar al máximo las actuaciones de competencia desleal provocadas por la actividad de las denominadas ‘empresas buzón’. Sin embargo, las asociaciones de transporte continúan sin información del procedimiento.

La necesidad de una normativa que regule la situación de competencia desleal a partir de las prácticas de empresas deslocalizadas en Europa del Este que operan en España con chóferes extranjeros sin tener una base operativa en el país es clara. El Paquete de Movilidad creado por la Unión Europea es la respuesta a esta necesidad, toda vez que la Directiva 2020/1057 sobre desplazamiento de conductores entre países de la Unión Europea fija controles más estrictos y regula el salario mínimo. Una normativa que debe ser transpuesta a la normativa nacional antes de febrero.

Esta nueva reglamentación exige entre otras cosas que los chóferes que realicen operaciones de carácter internacional o servicios de cabotaje perciban el salario mínimo del país en el que el transporte se efectúa, excluyendo de esta obligación a los transportes en tránsito, así como a los transportes bilaterales. Para su control, las empresas deberán realizar previamente una declaración de desplazamiento de sus conductores que será enviado al sistema electrónico centralizado de la Unión Europea (IMI). De esta forma, el Estado receptor podrá controlar la ejecución del servicio y el cumplimiento de la nueva normativa.

Sin embargo, el Gobierno dirigido por Pedro Sánchez sigue sin mover ficha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana está dilatando la transposición de la normativa. Una actuación que el sector transporte considera imperdonable, ya que existe una necesidad real de que se aprueba a la meno brevedad posible dicha regulación. Pese a esta situación, el Ministerio sigue sin informar de cómo va a llevar a cabo la tramitación del proyecto normativo pese a los plazos más dilatados que existen de tramitación para este tipo de directivas hasta su aprobación final.