El proyecto de pago por uso de las autovías es muy real y ya tiene fecha. El Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido ante Bruselas a tener listo el marco normativo del nuevo sistema de peajes antes del 30 de junio de 2022 con el fin de su puesta en marcha en 2024. Así figura en el informe de la Comisión Europea sobre el Plan de Recuperación presentado por España en relación al sistema de pago por uso de las carreteras dentro del epígrafe de la reforma de las medidas fiscales que contribuyen a la transición ecológica.

En esta línea, la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte asegura la creación de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que comenzará a funcionar a partir de 2024, siempre con la premisa de quien más contamina, más paga. Una medida que tiene el objetivo de internalizar los costes externos del transporte por carretera, creando a tal fin incentivos para lograr una mayor eficiencia en este sector. Sin embargo, esta reforma de la Ley de Movilidad Sostenible no será aprobada hasta finales de 2023.

De esta forma, el Gobierno se asegura poder hacer pequeños ajustes en su modelo de pago por uso de las autovías antes de su puesta en marcha en 2024, dibujando así un proyecto a dos o tres años en el que se llevará a cabo una campaña de concienciación y sensibilización, tanto para los transportistas profesionales como para la población en general. Pese a todo y que hay fechas definidas para cada paso de este proyecto, el Ejecutivo insiste en que buscará tener el consenso social y político a la hora de implementar esta medida.

Para tal fin, el Gobierno impulsará un modelo en el que el coste de los peajes sea asumido por los cargadores, incentivando así la sostenibilidad y la eficiencia del transporte. Con todo, no es secreto que al margen de razones medioambientales y de eficiencia del transporte, el pago por uso de las autovías nace para intentar solventar el abultado déficit en la conversación de las carreteras, siempre con un modelo escalable y progresivo. Pese a que no parece consuelo alguno, el Gobierno quiere aplicar tarifas «asumibles, pero que garanticen la financiación».