La Unión Europea y los Estados miembro han trabajado en las últimas semanas para dar forma al modelo definitivo de certificado digital del COVID-19. Una herramienta que tiene el objetivo de restaurar la libertad de circulación. Sin embargo, uno de los últimos debates celebrado en el Parlamento Europeo ha dejado claro que el último paso lo deben dar los países pertenecientes a la Unión Europea para que su implantación se pueda realizar el 1 de julio, fecha que se ha manejado en la última fase del proyecto.

El certificado del COVID-19 será un documento digital que permitirá a los ciudadanos de todos los países de la Unión Europea, así como a los transportistas dedicados a los servicios de perfil internacional, moverse casi con total libertad. Al final, este certificado permite un viaje más fácil ya que en un solo documento se podrá acreditar si la persona ha sido vacunada, si tiene una prueba de COVID-19 negativa vigente o si se ha recuperado de la enfermedad. El soporte técnico del certificado ya está listo en 23 países y nueve ya emiten su propia versión.

La llegada del certificado digital del COVID-19 a principios de julio permitirá la restauración de la libertad de movimiento en la Unión Europea. Aunque los transportistas profesionales no han estado sujetos a las restricciones fronterizas en casi ningún momento, la puesta en marcha de este documento debería beneficiar al sector y no sólo por los conductores. De hecho, con el certificado digital el cruce fronterizo entre países de la Unión Europea se debería agilizar de manera general. Ahora, la clave está en la armonización reglamentaria de los países de la Unión Europea.

Al final, todos los ciudadanos de la Unión Europea están esperando poder utilizar este sistema a principios de verano y su puesta en marcha es una tarea que deben cumplir los Estados miembro. Y al final no sólo es una cuestión de implementación técnica del certificado, sino un trabajo de coordinación y previsibilidad en las fronteras internas de la Unión Europea. Y eso pasa por acabar con el mosaico de distintas normas aplicadas de manera individual por los Estados miembro, también culpables de limitar los movimientos.