La modificación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) es aprobada este martes por los representantes de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, permitiendo dar paso a un nuevo régimen sancionador para luchar contra las prácticas de morosidad en el transporte de mercancías por carretera. Aunque está previsto que esta modificación pueda estar lista a finales de mes, el régimen sancionado aprobado es menos duro del planteado inicialmente por el Gobierno de España.

La Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados es la encargada de dar luz verde al proyecto de reforma de la LOTT que incluye importantes cambios en el régimen sancionador que pretende mitigar la morosidad en el transporte. De hecho, se espera que la modificación del texto se tramite de forma urgente en la Cámara Alta y que así pueda estar en vigor a finales del mes de junio o, como mucho, en los primeros días de julio.

Sin embargo, la inminente entrada en vigor del nuevo régimen sancionador como parte clave del texto modificado de la LOTT no ha terminado de satisfacer al sector transporte, no tanto por los plazos como por la dureza del mismo. De hecho, las enmiendas presentadas por el PP y por PdeCat han prosperado y el régimen sancionador es más laxo con las penalizaciones que se impondrán por el incumplimiento de los plazos de pago. Un duro revés para el sector, incluso si hay otra enmienda para dar publicidad a las resoluciones sancionadoras.

En esta línea, cabe señalar que el régimen sancionador planteado inicialmente por el Gobierno dibujaba tres tipos de sanciones más severas según varios tramos monetarios con multas que iban de 401 a 600 euros para impagos inferiores a 2.000 euros, de 601 a 800 euros para impagos superiores a la cifra anterior y de hasta 4.000 euros y un último tramo con multas de 801 a 1.000 para impagos superiores a 4.000 euros. Si bien se contempla un posible endurecimiento de las sanciones por reincidencia con una cuantía máxima de 30.000 euros, el transporte siente que otra vez esta ley se queda a medias.