El transporte de mercancías por carretera ya avisaba que la sentencia del Tribunal Supremo que instaba a la Diputación Foral de Guipúzcoa a detener los peajes a camiones en la N-1 y A-15 no iba a suponer su finalización. De hecho, la Administración regional, en su afán recaudatorio, está trabajando a contrarreloj para publicar un nuevo decreto foral que permita seguir cobrando estos peajes mientras se da forma a una tercera normativa foral que amplíe el cobro a todo el recorrido de ambas vías. De esta forma, se intenta sortear la anulación al dejar de ser peajes ‘discriminatorios’.

Aunque este movimiento no debería impedir que la Diputación Foral de Guipúzcoa devuelva el importe de los peajes que ha cobrado ilegalmente hasta ahora, el decreto foral que se validará en próximos días dará cobertura para seguir cobrando los peajes hasta la llegada de la tercera norma foral que amplíe el cobro de los peajes a toda la extensión de la N-1 y A-15. Así los peajes dejan de ser casi en exclusiva para el transporte de largo recorrido por la ubicación de los pórticos y de alguna forma se acaba con la ‘discriminación’ al afectar también al transporte interior.

Resulta cuanto menos sorprendente que los camiones sigan pagando peajes en la N-1 y A-15 en Guipúzcoa pese a haber cuatro sanciones en contra y un proceso en activo por parte de las organizaciones empresariales para la devolución de los importes de los peajes cobrados ilegalmente desde enero de 2018 hasta la aprobación de esta nueva normativa foral. De hecho, la diputación sigue hacia delante sin mirar atrás y amenaza con mirar reclamación por reclamación antes de devolver los peajes cobrados de forma indebida.

De hecho, desde la Diputación Foral de Guipúzcoa aseguran que cuentan con el apoyo de la Comisión Europea para dar forma a la nueva normativa foral para aplicar estos peajes como medida social y ecológicamente más avanzada. Eso sí, para que sean efectivos, deberán dejar de ser ‘discriminatorios’, algo que también deja claro la normativa europea. Ante este marco normativo y judicial, la Diputación prefiere seguir en sus trece alegando que esta partida presupuestaria es necesaria para el mantenimiento de las carreteras, ya sea a través de un impuesto fijo o una tasa por uso.