El mes de julio está marcado en rojo en el calendario del sector del transporte de mercancías por carretera de Galicia. Y es que esta es la fecha límite marcada por José Luis Ábalos como ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para aplicar el modelo de rebajas y de bonificaciones en los peajes de la AP-9 con el objetivo de reducir el importe de los pagos de los conductores gallegos. Sin embargo, el colectivo del transporte mira con preocupación todos los movimientos que se están produciendo desde el Gobierno.

En este aspecto, el sector del transporte de mercancías por carretera teme ‘quedarse atrás’, ya que mientras que los descuentos a los vehículos ligeros ya están definidos en su gran mayoría, las rebajas para los camiones y vehículos industriales pesados no se han concretado. De hecho, sólo se ha asegurado que esta reducción del importe del peaje de la AP-9 será acorde a los datos de volumen de tráfico de este tipo de vehículos en la autovía. Cabe señalar que este volumen de tráfico alcanzó el 10% el año pasado.

Ante esta falta de concreción, el sector del transporte de mercancías por carretera de Galicia cree que la rebaja puede no ser acorde a las necesidades de la actividad. Y es que este movimiento se antoja crítico para la actividad, más si cabe cuando recorrer la AP-9 de punta a punta y volver por la autovía hasta el punto de origen cuesta ya 97,5 euros. Una cifra altísima y que no se puede ver reducida por ninguno de los descuentos existentes hasta ahora, tal y como informan los representantes del sector del transporte gallego.

La Fundación Logística de Galicia, la Federación Gallega de Transportes de Mercancías y la Asociación Empresarial de Transportes de Mercancías por carretera de Galicia han publicado al respecto un manifiesto en el que recuerdan que los peajes de la AP-9 son un serio problema para las empresas gallegas, ya que el coste del mismo impacta de manera notable en sus productos y su competitividad, así como en las propias empresas de transporte y en las industrias. Ante esta situación, las tres organizaciones reclaman una reunión con el delegado del Gobierno para conocer la situación real.