El Juzgado de lo Penal nº 3 de Albacete iniciará este jueves 20 de mayo el juicio en el que se acusa a un empresario de un delito contra los derechos de los trabajadores por el accidente sufrido por un chófer al descargar el camión que conducía. El percance tuvo lugar el 9 de octubre de 2015 cuando el conductor de un camión sufrió un accidente al manipular una de las vigas que componía la carga de forma inadecuada, quedando atrapado por la misma. Un caso que pone de manifiesto el debate sobre las labores de carga y descarga.

Los hechos ocurrieron en la mañana del 9 de octubre de 2015, en torno a las 10:45 horas en la construcción de unas viviendas a 7 kilómetros de Villarrobledo. El acusado, F.M.B., y dueño de la empresa constructora, se dispuso a descargar varias vigas de hierro, tejas, chapas y material de obra con un ‘toro’, máquina que, según la acusación, no era la adecuada para ese trabajo ya que las vigas y las chapas eran demasiado largas para el camión. Esto provocó que el material estuviera colocado sobresaliendo por encima de la caja del vehículo.

Al intentar la maquinaría elevar una de las vigas, esta giró sobre el camión, requiriendo el acusado que el chófer le ayudase a solucionar la situación. El transportista subió hasta la caja del camión para girar manualmente la viga atrapada, pero una viga se soltó de su amarre, atrapando al conductor atrapado entre la viga y la caja del camión. Fruto de este percance, el trabajador sufrió una fractura de clavícula izquierda, la fractura de 7 costillas, un neumotórax y contusiones y otras lesiones pulmonares.

Como consecuencia del accidente, el conductor pasó 14 días hospitalizado y tuvo que afrontar un proceso de recuperación superior a los 150 días, algo que no ha podido evitar secuelas en la movilidad del hombro. Hechos que la Fiscalía considera que son constitutivos de un delito contra los derechos de los trabajadores por el que pide dos años de prisión y 10 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros. Además, el empresario se enfrenta al pago de una indemnización superior a los 10.000 euros y se enfrenta a la inhabilitación especial por 3 años y medio para el ejercicio de gerente legal o empresario individual.