El Tribunal Supremo no ha admitido el recurso presentado por las autoridades de Guipúzcoa para mantener con vida los peajes a camiones aplicados en la región. Una decisión que sobre el papel debería poner fin a los peajes para vehículos industriales en la provincia, pero que a tenor de la postura del Gobierno regional no va a ser así. Aunque legalmente la decisión del Supremo debería poner fin a estos peajes tres años y medio después de su puesta en marcha, la realidad es que la Diputación de Guipúzcoa piensa mantener su postura.

Por un lado, el Tribunal Supremo ha zanjado judicialmente esta disputa al no admitir a trámite los recursos de casación interpuestos por la Diputación Foral de Guipúzcoa en comunión con las Juntas Generales contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declaraba ilegal por dos veces la norma que establece el cobro de estos peajes a cambiones. Un grave defecto de forma y el carecimiento de los requisitos mínimos exigibles para que se proceda a su admisión han sido los argumentos para no admitir el recurso a trámite.

Aunque el Tribunal Supremo explica que no cabe recurso alguna contra dicha decisión, lo que supone en la práctica la eliminación y supresión definitiva de los peajes en Guipúzcoa, lo cierto es que la realidad dista mucho de ser así. De hecho, la autoridad provincial ha cobrado estos peajes mientras la decisión judicial no era definitiva y ahora pretende seguir haciéndolo en su afán eminentemente recaudatorio. Mientras tanto, el sector transporte espera que se aplique de una vez la paralización inmediata del cobro de peajes y los transportistas puedan recuperar lo recaudado.

Sin embargo, la institución foral vasca tiene previsto solicitar que se presenta una cuestión prejudicial ante la Comisión Europea para así mantener los peajes en la N-I y la A-15 a pesar de la resolución del Supremo. De forma paralela, la Diputación Foral de Guipúzcoa aprobará en próximos días un Decreto Foral que permitirá mantener, como hasta ahora, el canon a camiones que circulan por estas dos vías. Un Decreto que debe ser aprobado por las Juntas Generales para sustituir a la norma foral que fue tumbada por el Tribunal de Justicia del País Vasco en mayo de 2020.