La documentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviada a Bruselas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha destapado lo que se veía intuyendo, el modelo de peajes de pago por uso en las autovías españolas es una realidad. De hecho, el texto remitido a la Unión Europea es claro a la hora de definir su ejecución y fija el año 2024 como fecha para su puesta en marcha. Un escenario al que se opone el transporte de mercancías por carretera, máxime cuando se está gestando sin ningún tipo de acuerdo con el sector.

La desconvocatoria de la huelga organizada por el sector transporte a mediados de 2020 se fijó a partir de promesas de consenso entre el Gobierno y los principales actores de la actividad ante medidas como la aprobación de los camiones de 44 toneladas y 4,5 metros de altura o la instauración de algún modelo de peajes de pago por uso, al estilo ‘Euroviñeta’. Sin embargo, la realidad es muy distinta y el Gobierno ha iniciado los trámites para poner en marcha este proyecto sin que el sector transporte pinte nada.

Ante esta situación, el transporte español esgrime que este proyecto de peajes por uso en las autovías se está tratando de forma oscura al llevarse a cabo en el momento más inoportuno, sin que los actores implicados como la Dirección General de Tráfico (DGT) o el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tengan claro cómo se va a ejecutar. Un modelo que nace sin acuerdo con los profesionales del transporte, sector que siente que el Gobierno está maniobrando en la sombra sin contar toda la verdad a los transportistas, pero tampoco a los ciudadanos.

Mientras que el Gobierno esgrime que es un proyecto sin definir, la realidad es que el modelo de peajes de pago por uso de autovías y vías de alta capacidad tiene fecha de iniciación (2024) e incluso incluye la planificación necesaria para su ampliación a otro tipo de carreteras. Un proyecto al que el sector transporte se opone de manera frontal por la doble presión fiscal y el efecto de ‘tasa tóxica’ para la competitividad de país, tal y como defiende Astic al plantear que este modelo coloca el sambenito de contaminante al transporte profesional.