El final de la concesión de la Autopista del Mediterráneo (AP-7) y de la aplicación de peajes en ciertos tramos de esta vía se dibuja como una gran noticia para el sector del transporte de mercancías por carretera de la región y del país. Sin embargo, la liberalización de la carretera esconde un regalo envenenado ya que el Gobierno deberá indemnizar con 1.291 millones de euros a Abertis una vez que se liberalicen los tramos de peaje entre Tarragona y La Jonquera (Girona) y entre Montmeló y el Papiol en septiembre.

El Programa de Estabilidad 2021-2024 refleja que el Gobierno debe abonar una indemnización de como mínimo 1.291 millones de euros a Abertis, a través de la filial Acesa, por el proceso de liberalización de los dos tramos citados y el tramo entre Alicante y Tarragona que ya quedó sin peajes en enero de 2020. Una indemnización que corresponde al acuerdo firmado entre el Gobierno y la concesionaria para que Abertis realizase una inversión en la carretera que se revertiría en beneficios que nunca han llegado.

Concretamente, el origen de esta millonaria indemnización está en el acuerdo de convenio que se firmó en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un convenio en el que se definía que Abertis a través de su filial asumiera la ampliación y obras de mejora de la AP-7 y sus vías de acceso a cambio de las ganancias que iban a suponer estas obras en concepto de aumento de tráfico. Sin embargo, Abertis se cubrió las espaldas incluyendo una cláusula para compensar su inversión si al final ese volumen de uso no crecía según lo esperado.

Una vez firmado el acuerdo, Acesa como filial de Abertis realizó obras de ampliación y mejora de los tramos de AP-7 y aplicó descuentos en sus peajes esperando el aumento del tráfico ya citado. Sin embargo, la cifra de la indemnización no está definida ya que el Gobierno pretende pagar a Abertis por la diferencia del tráfico esperada y no por la caída de negocio sufrida por la crisis financiera. Y es que la horquilla de cifras que se manejan va desde los 1.291 millones de euros referidos hasta los 3.000 millones de euros que pide Abertis.