La promesa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana de no introducir peajes por uso en la red viaria española al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) para evitar el último intento de huelga del sector transporte ha caído en saco roto. De hecho, el Ejecutivo dirigido por Pedro Sánchez tiene previsto incluir esta medida en el proyecto del Plan de Recuperación que remitirá a Bruselas este mismo mes, firmando así un compromiso tácito con la Unión Europea a costa de ignorar al sector transporte.
El Gobierno ha dado un nuevo paso en su pretensión de implantar un sistema de pago por uso de las vías de alta capacidad, medida que afectará especialmente a todos los profesionales y empresas dedicadas al transporte de mercancías por carretera. Si bien el Ejecutivo defiende que el objetivo de esta medida es cubrir el presupuesto de mantenimiento de la red viaria, desde el sector transporte se defiende que la actividad ya paga impuestos suficientes como para hacer un correcto mantenimiento y desarrollo de la Red Viaria del Estado.
Sea como fuere, el Gobierno central sigue adelante con su objetivo de implantar un sistema de pago por uso de la red de vías de alta capacidad, medida que permite cubrir los costes de mantenimiento e integrar las externalidades negativas del transporte por carretera como sucede con el resto de infraestructuras. Al menos así lo ha explicado en el documento del Plan ‘España Puede’, el texto del Plan de Recuperación, Transformación Resiliencia que será enviado a la Comisión Europea este mes de abril para su aprobación.
Un paso necesario para acceder al presupuesto de más de 140.000 millones de euros que la Unión Europea tiene previsto destinar a España en el periodo comprendido entre 2021 y 2026, partida que nace de un programa que a su vez está apoyado por la financiación de los fondos europeos ‘Next Generation’ con el fin de impulsar la recuperación y corregir los efectos negativos que ha generado en la economía la pandemia de COVID-19. En este aspecto, el ejecutivo espera que con la financiación europea, España logre recuperar el nivel de inversión previo a la crisis financiera, cercano al 4% del PIB.