La fallida negociación entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) tras la convocatoria de huelga del sector en julio de 2020 supuso un auténtico fiasco, incluso si las partes implicadas alcanzaron algunos compromisos de la mano de Pedro Saura, secretario de Estado de Transporte. Por este motivo, las principales patronales del sector de mercancías por carretera reinician las conversaciones con la esperanza de que estos compromisos se atienda, al igual que el resto de necesidades del sector.

No es secreto que la negociación sectorial ha cambiado de escenario ante el fracaso de la mesa tripartita, convirtiéndose en una interlocución directa del Ministerio y el CNTC. Un punto en el que las conversaciones han sido proco fructíferas más allá de la puesta en marcha del proyecto de ley para la aplicación de un baremo sancionador más duro para poner freno a la morosidad en el sector. Por ese motivo, todos los actores de la negociación necesitan poner solución a algunos de los grandes y urgentes problemas que arrastra el sector en los últimos años.

Y es que el parón que ha supuesto el relevo en el puesto de mando de la Dirección General de Transporte Terrestre ha provocado que la sensación de todos los actores implicados es que no hay ningún tipo de avance en las negociaciones. Una situación que poco a poco se ha ido desencallando con los intentos de Jaime Moreno como nuevo director general de Transporte Terrestre por contactar de manera individual con cada una de las patronales que conforman el CNTC, reuniones que han servido para que Moreno conozca la composición de la escena del sector.

Superada esta fase de conversaciones individuales, los responsables de la Dirección General de Transporte Terrestre como representantes del Ministerio y del CNTC inician una negociación formal para analizar el estado de los acuerdos y compromisos hasta ahora firmados, sin obviar los problemas más acuciantes del sector. Entre los mismos, el asunto más polémico que hay sobre la mesa hace referencia a la normativa que puede habilitar el uso de 44 toneladas y 4,5 metros de altura, puesta en marcha de tapadillo y paralizada por la convocatoria de huelga a instancias de una regulación junto al propio CNTC.