La pandemia de COVID-19 y la crisis económica asociada a la misma ha provocado una notable reducción en la actividad del transporte internacional español, hecho que pone de relieve las dificultades por las que está atravesando el sector. De hecho y según segmento, el transporte internacional español ha sufrido una caída en sus servicios del 8 al 12% según los datos que ha ofrecido Astic cuando se cumple un año de la declaración del Estado de Alarma por la crisis sanitaria en España.
El segmento español del transporte internacional de mercancías por carretera ha registrado un descenso en su actividad del 8 al 12%, según segmento, durante el desarrollo de la pandemia de COVID-19. Desde marzo de 2020, el sector no sólo ha visto reducida su actividad, sino que también ha tenido que sufrir el incremento de los costes para el normal desarrollo de su servicio. Una circunstancia en la que tiene mucha influencia las rutas comerciales con el Reino Unido debido al Brexit, donde se ha producido una caída en picado de los servicios (30%) y de su rentabilidad desde el inicio de 2021.
Los datos de Astic reflejan que un año después de la declaración del Estado de Alarma, el 85% de las principales empresas de transporte de mercancías por carretera a nivel internacional del país se han visto afectadas por positivos en COVID-19 en su plantilla, concretamente con una incidencia de positivos que afecta al menos al 5% de sus conductores. Sin embargo, el Estado ha decidido no incluir a los chóferes en los grupos prioritarios de vacunación, medida que solicitan casi la totalidad de las empresas del sector por las condiciones de trabajo particulares de los transportistas.
Y es que más allá de los positivos que se puedan dar entre los chóferes de las empresas de transporte internacional, las compañías se están viendo sometidas al cumplimiento de todas y cada una de las medidas de control y documentación que se han impuesto para el cruce de las fronteras de determinados países, circunstancia que eleva los costes para la empresa. Así mismo, las compañías también están sumando los gastos de la realización de pruebas PCR o de antígenos a sus conductores, lo que unido a la menor eficiencia de los servicios radica en un incremento del coste por servicio internacional del 2 al 10%.