No es un secreto que el Paquete de Movilidad ha generado una auténtica fractura en la Unión Europea. Con casi cuatro años de tramitación y innumerables obstáculos para su puesta en marcha, el Paquete de Movilidad entró en vigor a mediados de 2020 con el fin de legislar de una manera más eficiente la actividad del transporte de mercancías por carretera en la Unión Europea. El objetivo de la norma es potenciar la competencia leal entre empresas, reducir el ‘dumping’ social, mejorar las condiciones de los chóferes y evitar la deslocalización de las compañías de transporte.

Los países de Europa del Este se han sentido atacados por las potencias económicas de la Unión al entender que el Paquete de Movilidad va contra sus intereses. La regulación del salario de los chóferes desplazados, la obligatoriedad de las empresas de demostrar actividad real en el Estado en el que se encuentran registradas o la obligatoriedad de regreso al país de origen de chóferes y camiones en periodos que no superan las cuatro semanas en el primer caso o las ocho semanas en el segundo suponen un duro revés para las prácticas de las compañías de estos países.

Hasta la fecha, Polonia, Rumanía, Bulgaria, Lituania, Hungría y Malta habían presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea un recurso contra el Paquete de Movilidad con el gran objetivo de tumbar algunos de los aspectos que consideran más lesivos de la normativa. Sin embargo, el descontento con la norma ya no es una cosa exclusiva de Europa del Este y Bélgica es el primer país de la Europa más occidental en recurrir el Paquete de Movilidad. Pese a todo, el movimiento belga no es comparable con los citados anteriormente.

Con todo, el recurso belga está centrado exclusivamente en la normativa de transporte de cabotaje. Si bien el reglamento mantiene los anteriores límites existentes para la realización de servicios de transporte en régimen de cabotaje en otro Estado miembro, se ha matizado el desarrollo posterior. Aunque las empresas pueden realizar tres operaciones de cabotaje en siete días en un país, ahora existe un ‘periodo de enfriamiento’ de cuatro días para poder realizar más operaciones de cabotaje en el mismo país, cuestión que recurre el Gobierno belga.