Las medidas unilaterales de ‘cierre’ de fronteras tomados por países como Alemania, Austria o República Checa para frenar los contagios de COVID-19 han supuesto un enorme revés para el transporte de mercancías por carretera en toda Europa. La necesidad de tener una prueba PCR negativa para cruzar sus fronteras está siendo un problema para los transportistas y además un foco de conflicto entre los países que han ejecutado estas medidas y los que están siendo afectados más directamente por el bloqueo fronterizo. Y en este escenario, Italia ha decidido contraatacar.

Emulando a otros países europeos y en clara respuesta a las medidas tomadas por Austria en los últimos días de ‘cierre’ de frontera en el paso de Brennero, Italia ha decidido establecer sus propios controles fronterizos y exige una prueba PCR a los conductores que quieran entrar al país desde Austria. Una actitud que viene de la mano de la actitud proteccionista y egoísta que han aplicado antes los gobiernos de otros Estados miembro, pero que dibuja otro punto crítico en el desarrollo de la cadena de suministro.

Y es que, ante la actitud unilateral de Austria, el Gobierno de Italia ha decidido responder de manera equivalente y pedir una prueba PCR negativa a todos los transportistas que quieran entrar en territorio italiano y que hayan pasado al menos 12 horas en Austria. Esta medida estará en vigor al menos hasta el próximo 5 de marzo, aunque es probable que Italia pueda prolongar esta medida si Austria o el resto de Estados miembro no declinan su postura y siguen aplicando sus propias medidas unilaterales de control de la pandemia.

Mientras la crispación entre Alemania y República Checa o Italia y Austria no deja de crecer, el sector transporte pide ayuda ante una situación inaceptable que está dinamitando la cadena de suministro y poniendo en peligro el abastecimiento de productos de primera necesidad. Una situación que FENADISMER ha denunciado a través de la UERT para que se intervenga con carácter de urgencia desde la Unión Europea para que los Estados miembro pongan fin de una vez a esta actitud proteccionista y antieuropea que no sólo afecta al transporte, sino al resto de actividades económicas.