La Directiva 2018/645 del Parlamento Europeo, ratificada por el Consejo Europeo, insta a los Estados miembro a poner en vigor una serie de disposiciones legales para regular de manera uniforme la cualificación inicial y la formación continua que deben tener y recibir los chóferes profesionales que tengan la intención de dedicarse a la conducción de vehículos destinados al transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros. Sin embargo, España parece estar decidida a hacer caso omiso a esta obligación de la Unión Europea.
De hecho, el plazo de transposición de la normativa europea a la legislación española acababa el 23 de mayo de 2020, por lo que el Gobierno acumula nueve meses de retraso en la puesta en marcha de este cambio de normativo. Sin la publicación del proyecto de ley que dibuje esta adaptación de la Directiva 2018/645, la Unión Europea ha empezado a ejercer su autoridad y el Estado acumula más de dos millones de euros en sanciones por la demora en la aplicación del nuevo reglamento.
Para los expertos del sector resulta inconcebible que el Gobierno gaste recursos por no tomar las medidas necesarias para la transposición de la normativa mientras pide fondos europeos para la reactivación económica del sector. Parece incompatible una política que defiende las nuevas estrategias de movilidad, el impulso digital o la mejor del acceso a la educación específica para el sector con la ineficaz aplicación de una simple directiva europea que tiene un historial que casi alcanza los 3 años de vida y que está alineada con ese tipo de actuaciones.
Mientras tanto, la formación CAP sigue sin recibir la necesaria actualización para que objetivos, contenidos y metodologías estén acorde a los nuevos tiempos, siempre con el foco sigue puesto en la necesidad de impartir parte de la formación CAP de forma telemática debido a las nuevas exigencias provocadas por la pandemia de COVID-19. Además, también se busca que existan itinerarios formativos flexibles con materias comunes y otras específicas a elección del transportista, así como la especial incidencia en temas relacionados con la seguridad vial, la conducción eficiente o las operaciones especiales de transporte.