El pasado 1 de diciembre, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó el proyecto del Plan de Inspección del Transporte por Carretera del ejercicio 2021 ante el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Uno de los grandes objetivos del proyecto era acabar con las actuaciones que distorsionaran la libre competencia dentro de la actividad y dar caza a las empresas que actuaran de forma fraudulenta de forma reiterada. Un apartado en el que las empresas buzón y las prácticas de ‘dumping’ social están en el punto de mira.

Aunque los recursos son limitados, representantes del Ministerio de Transportes han puesto sobre la mesa el esfuerzo del órgano ministerial para llevar a cabo una labor inspectora lo más inflexible posible, además de mejorar los recursos disponibles ampliando el número de agentes, mejorando su formación y ampliando el control de las fronteras. Todo por ejercer una mayor persecución de las empresas deslocalizadas hacia países con menores costes de explotación o las cooperativas de trabajo asociado en la que los socios no tienen una relación societaria real.

Alicia Rubio, subdirectora general de Transporte Terrestre, ha dejado claro que la toda la atención está puesta en las empresas internacionalizadas y cooperativas de trabajo asociado fraudulentas ya que «es imprescindible sacar del mercado las compañías que operan ilegalmente cuando realizan transporte internacional u operaciones de cabotaje, alterando el mercado. Esto requiere un trabajo minucioso de coordinación entre cuatro ministerios y entre las comunidades autónomos. Es fundamental contar con más recursos humanos y también con más formación para las personas implicadas».

En esta línea, cabe recordar que el 60% de los vehículos pesados de transporte de mercancías que circulan por las carreteras españolas son camiones de origen extranjero, lo que arroja una cifra superior a los dos millones de vehículos al año. Un factor a tener en cuenta a la hora de dar con las empresas buzón y compañías que realizan ‘dumping’ social creando un escenario en el que se dibuja una competencia desleal con las empresas locales y extranjeras que sí cumplen con la normativa.