La Orden aprobada por el Ministerio de Industria para solucionar el colapso de las ITV por el cierre durante el Estado de Alarma provocado por la pandemia de COVID-19 todavía sigue coleando. Aunque el Tribunal Supremo paralizó temporalmente la aplicación de esta Orden trampa que fijaba la fecha de caducidad de la ITV como punto de referencia y no la fecha en la que se supera la inspección, el Ministerio de Industria ha rechazado su supresión. Una maniobra que criticada duramente por el Defensor del Pueblo.

Industria no sólo se ha topado con la sentencia del Tribunal Supremo que suspendía la norma de forma temporal, sino que también se ha dado de bruces con la resolución dictada por el Defensor del Pueblo contra esta Orden que regulaba la prórroga de las ITV no superadas en el Estado de Alarma y la fecha de validez de las mismas, siempre marcada por la caducidad y no por la fecha real de inspección. Una medida que afectaba a casi seis millones de vehículos y que en los casos más extremos obligaba a superar dos veces consecutivas la ITV a algunos usuarios.

Y es que mientras que el Ministerio de Industria planeó recortar la fecha de inspección de los vehículos afectados al fijar la fecha de caducidad como inicio del nuevo proceso de vigencia y no la fecha en la que realmente se superó la ITV, el Defensor del Pueblo instó al organismo a declinar su actitud a petición de distintas asociaciones del sector transporte como puede ser FENADISMER. Así, en la resolución del Defensor del Pueblo emitida en julio se señalaba que pasar dos veces la ITV de manera consecutiva en los casos más extremos no se justificaba en razones de interés general o de seguridad vial.

Pese a todo, el Ministerio de Industria ha hecho oídos sordos a dicha recomendación del Defensor del Pueblo, pese a tener además un pronunciamiento judicial en contra por parte del propio Tribunal Supremo. De esta forma, hasta cuatro millones de vehículos que pasaron la ITV antes del Auto Judicial siguen con la vigencia de sus permisos recortada. Una actitud por parte de Industria que ha vuelto a ser denuncia por el Defensor del Pueblo. Una resolución en la que se critica de forma notable la actividad del Ministerio ante la crisis de las ITV.

En la resolución del Defensor del Pueblo se puede leer: «Quienes deben afrontar la ITV son personas y, por ende, sujetos de derecho, entre ellos, el derecho a una Administración que sirva objetivamente al interés general. Dice esa Administración que hay seis millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV. Pues bien, detrás de esos vehículos hay otras tantas personas para quienes la ITV de su vehículo es una carga administrativa y económica. Y están siendo obligados a realizar dos inspecciones seguidas en un muy corto lapso de tiempo con la carga administrativa y el desembolso económico que esto conlleva«.

En esta línea, añade: «Esa Administración trata de vincular el acortamiento artificial del plazo de vigencia de las inspecciones técnicas de vehículos con la mejora de la seguridad vial, lo cual no puede ser compartido por esta institución, puesto que la seguridad vial ya parece estar suficientemente salvaguardada con el plazo ordinario de vigencia de las inspecciones, sin que se aprecie conexión entre el acortamiento del plazo de vigencia de las inspecciones y la mejora de la seguridad vial«.

El Defensor del Pueblo concluye: «Por las razones apuntadas, el Defensor del Pueblo considera que es una actuación claramente inadecuada por desproporcionad. Y dado que ha sido rechazada la Recomendación efectuada y que la Administración insiste en mantener su postura sin atender a las razones puestas de manifiesto por esta institución, se incluirá una mención a este asunto en el próximo informe anual a las Cortes Generales”.