El Parlamento de Navarra ha aprobado, pese a la oposición del transporte y de otros sectores esenciales, la Ley Foral de modificación de diversos impuestos y otras medida tributarias que recoge en materia de IRPF el final desde el 1 de enero de 2021 del sistema de módulos en la determinación del rendimiento de las actividades profesionales, sustituyéndose por un régimen de estimación directa especial que supone una deducción en el rendimiento neto de todos los autónomos para compensar el fuerte incremento que se producirá en la tributación.

Pese a contar con el rechazo frontal de once organizaciones profesiones de sectores como el transporte, el taxi, la hostelería, el comercio o la agricultura y ganadería, el texto que acaba con el sistema de módulos ha salido adelante, en lo que supone un duro revés para los miles de autónomos navarros que verán un aumento de la presión fiscal de hasta el 100% en muchos casos. No obstante, el régimen de estimación directa especial se aplicará a todas las actividades que apliquen recargo de equivalencia o régimen simplificado del IVA de hasta 150.000 euros.

El gran problema de este nuevo modelo de tributación es que se minorarán los ingresos con los gastos y no serán deducibles provisiones, amortizaciones, gastos de arrendamiento y cesión de elementos de transporte y maquinaria agrícola. Una circunstancia que puede reducir en un 10% el rendimiento neto con carácter general, cifra que crece hasta el 45% en el sector del transporte de mercancías por carretera. Además, será obligatorio llevar un registro de ventas e ingresos y compras y gastos, lo que aumentará la carga administrativa y burocrática de los autónomos.

Al margen de la eliminación del régimen de módulos en 2021 y el inicio de este nuevo método de tributación por estimación directa especial, el texto aprobado por el Parlamento de Navarra también incluye modificaciones en la transmisión de empresas familiares, en la transparencia fiscal internacional y en el funcionamiento de las cooperativas. Por último, la ley incluye una serie de obligaciones sobre la tenencia de monedas virtuales, así como una serie de procedimientos sobre el impuesto de sociedades y las deducciones de las mismas y otros aspectos de la Ley General Tributaria.