El transporte de mercancías por carretera está atravesando una situación realmente compleja con la pandemia de COVID-19. Más allá de las dificultades para desarrollar la normal actividad que están encontrando los conductores profesionales y las empresas en su día a día, la incidencia de la crisis sanitaria también está provocando distintos retrasos en los trámites administrativos habituales que se dan dentro del sector. En esta línea, la fabricación de las tarjetas de los tacógrafos está siendo un auténtico dolor de cabeza para los transportistas.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre está acumulando importantes retrasos a la hora de fabricar las tarjetas de los tacógrafos, circunstancia que dibuja una complicación extra para el sector del transporte de mercancías por carretera. No obstante, el duro impacto de la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 sobre los servicios de la Administración, incluidos los dependientes de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, está obligando a los chóferes profesionales a solicitar estas tarjetas con mayor anticipación si no quieren detener su actividad.

En este aspecto, los retrasos que acumula la Fábrica de la Moneda estarían ya por encima de los 40 días, siendo un fiel reflejo del impacto del COVID-19 en la Administración. Una situación que pone en peligro el normal desarrollo de la actividad de cientos de conductores, siendo una circunstancia que se agrava en algunas comunidades autónomas. Y es que ni siquiera realizar una pronta solicitud de estas tarjetas del tacógrafo asegura recibirlas a tiempo para poder continuar con los servicios asociados al transporte de mercancías por carretera.

Ante esta situación que se mantiene prácticamente inalterable desde la entrada en vigor del primer Estado de Alarma por la pandemia de COVID-19 en marzo, las patronales de transporte recomiendan a las empresas y profesionales autónomos que soliciten las nuevas tarjetas de los tacógrafos con al menos 35 días de antelación a la fecha de caducidad de la unidad antigua que vienen usando. Aunque la ley refleja que el plazo de entrega es de ocho días hábiles, la realidad actual hace imposible cumplir con este periodo.