El transporte de mercancías por carretera se enfrenta a un 2021 repleto de cambios. Más allá del Brexit, el 1 de enero del próximo año también entrará en vigor en la Unión Europea el denominado Registro Europeo de Empresas de Transporte (ERRU). Este sistema se encargará de registrar todas las infracciones cometidas por las empresas de cualquier Estado miembro, un registro de ilegalidades que en los casos más flagrantes puede suponer la retirada total de las tarjetas de transportes de las empresas infractoras.

El sistema de informático del ERRU permitirá incluir los registros de todas las empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera en toda Europa. Eso significa que contendrá los datos de los titulares de la licencia de transporte de cada compañía, así como los datos de posibles violaciones de la legislación sobre el transporte que impera en Europa. Para tal fin, las infracciones se registrarán mediante un sistema de puntuación según gravedad, dando así lugar a una suerte de cómputo de infracciones.

Cuando una compañía del sector transporte alcance el límite máximo de infracciones, el ERRU tendrá potestad para dictar la suspensión de la actividad de la empresa mediante la retirada de las licencias de transporte. De igual forma, las personas responsables de estas empresas podrán ser declarados ‘no aptos’ para el ejercicio de dirigir una empresa del sector. En todo caso, el sistema diseñado para el ERRU dictará un límite de infracciones según el número de vehículos que tengan operativos. Las principales infracciones estarán vinculadas con los tiempos de conducción o la manipulación del tacógrafo.

El sistema del ERRU que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2021 todavía no está completo y por ahora sólo se registrarán las infracciones más graves, definidas así desde 2016 en el Reglamento 2016/403. De hecho, todavía hay 15 Estados miembro que no tienen el sistema operativo, situación que deben corregir antes de la finalización del ejercicio 2020. Con el sistema ya completo, el ERRU registrará infracciones en el país de origen de las empresas y el extranjero y definirá controles de carretera específicos.