El Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha confirmado en respuesta a la pregunta parlamentaria de Laura Castel que el Gobierno no tiene previsto modificar el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) para introducir nuevos requisitos de acceso al sector transporte tras la decisión del Tribunal Supremo de anular el requisito de antigüedad máxima de los vehículos. De esta forma, los objetivos de ordenación del sector y de mejora de la seguridad vial parecen quedar ‘olvidados’.

La sentencia del Tribunal Supremo que anula el requisito de antigüedad de los vehículos para el acceso al mercado del transporte ha supuesto un duro revés dentro del sector, ya que se entiende que esta medida servirá para envejecer la flota de vehículos dedicados al transporte de mercancías por carretera, en una clara desregularización del sector. Sin embargo, José Luis Ábalos ha confirmado que el Gobierno no hará nada al respecto, asegurando que el propio reglamento europeo impide añadir nuevos requisitos, pese a que en el transporte de viajeros en autobús se mantienen.

A partir de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado mes de septiembre, el transporte de mercancías por carretera que desregulado y se podrá acceder al mercado sea cual sea la antigüedad del vehículo con el que se pretende adquirir la licencia. Una situación que desde FENADISMER tildan de inapropiada, ya que el sector será testigo de un aumento notable de la antigüedad de la flota de camiones, con las consecuencias que ello conlleva tanto a nivel de seguridad vial como medioambiental.

Esta compleja situación, expuesta por la senadora Laura Castel, del grupo ERC, ha obtenido una respuesta bastante tibia por parte del ministro. Más allá de asegurar que la sentencia del Tribunal Supremo debe ser cumplida, Ábalos ha señalado que el reglamento europeo plantea que sólo se pueden regular estos requisitos por parte de la Unión Europea y los estados no pueden añadir nuevos requisitos a la profesión. De hecho, el ministro asegura que no hay margen de maniobra para añadir o modificar la norma, en contraste con la situación que se dibuja en el sector del transporte de viajeros.