La Asociación que agrupa y defiende los intereses de las concesionarias de las estaciones de ITV de toda España ha solicitado al Tribunal Supremo que deje sin efecto el Auto que paraliza de forma cautelar la aplicación de la Orden SND 413/2020 del 15 de mayo. Cabe recordar que esta medida del Supremo, que prohíbe recortar el plazo de vigencia de las revisiones técnicas de los vehículos afectados por el Estado de Alarma y la posterior prórroga, fue tomada ante el recurso presentado por FEAT y otras organizaciones del sector transporte.

El recurso presentado por distintas organizaciones de transporte, entre las que se encuentra FENADISMER, dejó sin efecto de forma cautelar la Orden Ministerial que establecía un nuevo calendario de revisión para los cinco millones de vehículos afectados por el cierre de las estaciones de ITV durante el Estado de Alarma. Un calendario pernicioso que no tenía en cuenta la fecha real en la que se superaba la ITV y sí la fecha que indicaba la ficha técnica del vehículo, lo que se traducía en una reducción del plazo hasta la siguiente fecha de revisión.

El argumento utilizado en este recurso y en el propio Auto del Tribunal Supremo para anular de forma cautelar la Orden Ministerial es la ausencia de motivos desde un punto de vista técnico de seguridad vial para que millones de vehículos pasen dos ITV en un plazo menor al que estipula la ley. No obstante, en casos concretos que afectan a vehículos de una mayor antigüedad, el hecho de aplicar la vigencia de la ITV desde la fecha que indica la ficha técnica y no desde la fecha en la que realmente se pasaba la revisión suponía tener que superar dos ITV en apenas días.

Una resolución que ha supuesto un duro revés para las concesionarias de las estaciones de ITV, ya que en juego hay un negocio de más de 200 millones de euros que serviría para paliar las pérdidas registradas durante el Estado de Alarma en las 400 empresas concesionarias de estaciones de ITV que existen aproximadamente España. De hecho, las concesionarias de ITV han iniciado su propio proceso legal ante el Tribunal Supremo para intentar revocar este Auto, mientras el proceso legal espera una resolución definitiva que termine de una vez con esta causa generada por el carácter restrictivo de las medidas tomadas por el Ministerio de Industria.