El Tribunal Supremo de Justicia ha anulado los cambios introducidos en el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) en referencia a la antigüedad máxima de los vehículos para la obtención de la autorización de transporte para aquellos que pretenden acceder por primera vez al sector. Atendiendo al recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la resolución del alto tribunal dictamina que es “injustificada” y “desproporcionada” la exigencia de tener un vehículo con una antigüedad máxima de cinco meses para la obtención de la citada autorización.

El ROTT en su última actualización determinaba, de forma textual: “Que pretenda obtener una autorización de transporte público de mercancías nueva deberá acreditar que dispone, en los términos previstos en el artículo 38, al menos de un vehículo que, en el momento de solicitar la autorización, no podrá superar la antigüedad de cinco meses, contados siempre desde su primera matriculación”. Una exigencia que limita en gran medida el acceso al sector del transporte de mercancías por carretera y que según la CNMC no se podía justificar a partir de los argumentos de defensa del medio ambiente y la mejoría de la seguridad vial.

En esta línea, el trabajo para la ordenación del sector de la Comisión Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha caído en saco roto, ya que el Tribunal Supremo ha dado validez al recurso presentado por la CNMC al considerar que la antigüedad supone una injustificada barrera de acceso a la actividad del sector transporte que, además, introduce una evidente distorsión del mercado y afecta a la competencia real y efectiva del sector. No obstante, la medida exige que los nuevos operadores asuman el sobrecoste de la adquisición de un vehículo de antigüedad no superior a los cinco meses sin que se haya demostrado que existe una necesidad real de aplicar esta normativa.

Con todo, las asociaciones de transporte temen que la sentencia incida en la desregulación del sector, generando a su vez la precarización del transporte de mercancías por carretera, sobre todo dentro del sector el transporte ligero. Con la eliminación de todos los requisitos de acceso a este subsector en 2013 por iniciativa del Ministerio de Transportes, la resolución del Tribunal Supremo acaba con la última condición de acceso y provoca que se pueda producir la entrada masiva y desordenada de nueva mano de obra sometida a grandes multinacionales y plataformas logísticas, lo que supondrá una notable precarización en el transporte.