El Consejo de Ministros ha aprobado a iniciativa del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana la tramitación administrativa por vía urgente de una modificación de ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT) para dar forma a un régimen sancionador que sirva para luchar de manera efectiva contra la morosidad dentro del sector del transporte de mercancías por carretera, siendo este uno de los grandes males que afectan a la actividad. La declaración de urgencia permite acortar los plazos previstos para dar forma al anteproyecto de ley a la mitad.

La tramitación urgente de un anteproyecto de ley para modificar la LOTT y aprobar un régimen sancionador para los casos de morosidad en el sector transporte era uno de los compromisos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con el sector. Un movimiento que se antoja decisivo para abordar uno de los graves problemas que sufre el transporte de mercancías por carretera, circunstancia que se han agravado con la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia de COVID-19 en los últimos meses.

Desde el Consejo de Ministros se ha valorado la difícil situación que ha provocado la pandemia de COVID-19 en el sector transporte a la hora de aprobar la tramitación urgente que permitirá modificar la LOTT. Al final, la crisis sanitaria y económica asociada al coronavirus ha tenido una especial incidencia extraordinaria en la liquidez de muchas empresas de transporte de mercancías por carretera. Por este motivo, se antoja clave garantizar que esta falta de liquidez no se agrava por el incumplimiento de los plazos de pago en los contratos del transporte de mercancías por carretera.

En este aspecto, el acuerdo permite agilizar al máximo la modificación de la ley en la que ya se está trabajando desde el Gobierno, reduciendo a la mitad los plazos establecidos para cada uno de los trámites que se deben cumplir para la aprobación del proyecto de Ley. Se consigue así abordar esta cuestión de forma inmediata para reforzar el cumplimiento del plazo máximo legal de pago en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, en lo que ha sido un compromiso adquirido por el Departamento de Mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera.