La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que dictamina la anulación de la normativa que da lugar a ‘Madrid Central’ por lo que se han considerado defectos formales abre una nueva perspectiva en el sector del transporte de mercancías en la capital. Pese a todo, la organización empresarial CETM-Madrid ha pedido «prudencia y moderación» al sector ante esta reciente sentencia, pese a que existe una clara satisfacción por la resolución que se ha tomado desde el TSJM contra ‘Madrid Central’.

De hecho, la anulación de ‘Madrid Central’ dibuja un periodo de incertidumbre para todos los ciudadanos de la capital, así como para el transporte en la ciudad. En este aspecto, tras conocerse la sentencia CETM-Madrid ha mantenido una reunión con el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, para conocer de primera mano la situación hacia la que se mueve Madrid y solicitar la revisión de la regulación de la zona de bajas emisiones del Distrito Centro, una vez visto el fracaso de ‘Madrid Central’.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se ha señalado que los argumentos de la sentencia son muy sólidos y concluyentes, por lo que es improbable que pueda prosperar cualquier recurso que se pueda llegar a presentar. Si bien parece que ‘Madrid Central’ tiene los días contados, desde el consistorio se recuerda que la regulación no dejará de tener efectos hasta que la sentencia no sea firme. Con todo, desde CETM-Madrid se pone de manifiesto que este proyecto era un auténtico despropósito, una ley aprobada desde la improvisación que no daba alternativas al transporte de mercancías al restringir en gran parte su acceso.

Con la caída de ‘Madrid Central’ dibujando un nuevo escenario, desde CETM-Madrid se ha recordado al Ayuntamiento de Madrid la necesidad de realizar la modificación del calendario de renovación de flotas y la aplicación del plan de ayudas anunciado. No obstante, es de vital importancia para el transporte contar con el respaldo adecuado para asumir las inversiones que hay que realizar para renovar la flota y adaptarse al calendario propuesto. De hecho, se calcula que la renovación de un 80% de la flota supone un coste de 1.300 millones de euros para el sector.