La publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea del Paquete de Movilidad ha activado la cuenta atrás para la entrada en vigor del Reglamento que modifica los tiempos de conducción y descanso de los conductores. Esta disposición entra en vigor en todos los países de la Unión Europea a partir del 20 de agosto de 2020, lo que ha despertado el enfado de algunos de los países del Este, ya que consideran que la aplicación de la norma atenta contra la competitividad de las compañías de estos países.

Aprobado el Paquete de Movilidad pese a las trabas impuestas por los países del Este, parece que la estrategia de estos ha sido atacar la entrada en vigor de la norma. De hecho, Rumanía ha solicitado a la Comisión Europa «aclaraciones urgentes» sobre algunas de las disposiciones del Reglamento 2020/1054 que regula los tiempos de conducción y descanso. Una solicitud que ha sido presentada por la asociación rumana Untrr para, sobre el papel, evitar controles y multas ilegales de la Unión Europea occidental a los transportistas rumanos.

La solicitud rumana pide una aclaración sobre la obligación de los conductores de regresar a su sede o lugar de residencia cada tres o cuatro semanas para realizar un descanso semanal normal -más de 45 horas-. En este aspecto, la asociación rumana que ha presentado sus dudas a la Comisión Europea pide una confirmación formal de que la devolución de los conductores se puede organizar desde los centros logísticos de las empresas de transporte rumanas en Europa occidental y el procedimiento a seguir si los chóferes regresan a su domicilio a través de otro medio de transporte que no sea el camión que maneja.

De las dudas presentadas se desprende la posible estrategia de las empresas rumanas para esquivar la normativa y que pasaría por alquilar espacios en países occidentales para utilizarlos de sede y que los chóferes sólo vuelvan a Rumanía de forma puntual. De esta forma, el vehículo quedaría parado en el extranjero dispuesto para que otro conductor coja el relevo. Mientras tanto, Untrr insiste en que el Paquete de Movilidad contiene medidas discriminatorias que debilitan a las compañías rumanas en el mercado europeo. Rumanía estima que perderá un 5% del PIB, hasta 200.000 conductores y un 30% de los operadores de transporte por la nueva normativa.