El proyecto integral de la Ley de Movilidad promete ser un auténtico dolor de cabeza para el sector del transporte de mercancías por carretera, toda vez que esta norma puede generar más problemas que soluciones. De hecho, uno de los objetivos del Gobierno central es usar esta Ley de Movilidad para revisar la fiscalidad del gasóleo en nuestro país e igualar la misma con la que regula la gasolina. De esta forma, España se alinearía con los objetivos de la Unión Europea.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana concibe este proyecto integral de la futura Ley de Movilidad como una vía para regular distintas áreas del sector del transporte de mercancías por carretera hasta 2030, con más o menos tino. Dentro de los distintos retos de perfil social y económico, hay dos aspectos que preocupan especialmente en el sector como son la financiación de infraestructuras a través de peajes selectivos y la nueva fiscalidad de los combustibles para los próximos ejercicios.

En esta línea, el Ministerio de Transportes abre la puerta en el texto a revisar la fiscalidad de las fuentes de energía en los medios de transporte dentro del marco de debate existente en la Unión Europea. Si bien la normativa habla de la Ley de Cambio Climático, de la necesidad de potenciar la eficiencia energética y del uso de energías renovables para reducir las emisiones del transporte, entre líneas se puede palpar un más que posible incremento de la fiscalidad del gasóleo.

El objetivo de aumentar la fiscalidad del combustible diésel es igualar sus impuestos con los que se pagan por la gasolina, práctica en la línea de las políticas medioambientales de la Unión Europea. De esta forma, se intentaría evitar el uso de este tipo de vehículos y, al mismo tiempo, aumentar los ingresos de las árcas públicas en plena crisis económica. Una medida que vuelve a arremeter en gran medida contra el sector profesional, dando un nuevo golpe en el mentón al transporte de mercancías por carretera.