Las pequeñas y medianas empresas (pymes) soportan en gran medida el sector del transporte de mercancías por carretera en toda Europa. Por este motivo, el sentir de todas estas pymes ante la crisis sanitaria y económica asociada a la pandemia de COVID-19 refleja en gran medida la situación del sector. Y en este aspecto, el sentir general de las pymes europeas es la preocupación por la falta de iniciativas gubernamentales y de regulaciones efectivas para controlar la morosidad dentro de un escenario de recesión.
De hecho, el 80% de las pymes del sector transporte y de la logística se han visto afectados en los últimos meses por pagos que vulneran la Ley de Morosidad o normativa equivalente en toda Europa. Así se refleja en el Informe sobre los comportamientos y la morosidad en el pago en el ámbito europeo y su impacto por la crisis del COVID-19 que ha sido elaborado por Intrum con información de 29 países europeos. Un estudio en el que se refleja una gran preocupación por la viabilidad futura del tejido empresarial tras la pandemia en el sector.
En este aspecto, un 64% de las pymes que han participado en este estudio consideran que la crisis del COVID-19 y la recesión económica que se dibuja tras la misma tendrá un impacto severo en sus negocios. Dentro del sentir general, las empresas con sede en Italia, Bélgica, Eslovaquia, Portugal, República Checa y España tienen una visión más negativa, ya que existe la creencia extendida de que la recesión comenzará de forma inminente en estos países. Y en esta situación, la morosidad sigue siendo un quebradero de cabeza.
La morosidad, amenaza seria para la viabilidad de las pymes del sector transporte, ha afectado al 80% de las mismas. Además, el 68% de las pymes han tenido que aceptar condiciones de pago desfavorables ante la situación económica existente. Una situación compleja en la que las pymes esperan que se establezcan nuevas leyes para corregir este problema, aunque casi 1 de cada 4 pymes se bajas en la Directiva Europea de lucha contra la morosidad para regular sus transacciones comerciales. Con todo, el sector sigue reclamando un régimen sancionador que evite el abuso en materia de plazos de pago ya que el 70% de los clientes los incumplen sistemáticamente.