La pandemia de COVID-19 ha dibujado una nueva realidad en España. Superada la que podría considerarse la fase más crítica, al menos a nivel sanitario, el país ha entrado en la mal llamada ‘nueva normalidad’. No obstante, aunque muchos aspectos han cambiado, hay otros que se mantienen igual. Es el caso de los males que azotan al sector del transporte de mercancías por carretera, ya que el reconocimiento público a la labor realizada durante la pandemia no corrige la sensación de abandono de los chóferes o las malas prácticas contra los mismos.
En tiempos de aplausos a la labor de los profesionales de transporte, la realidad del sector no es muy distinta a la anterior, con todo lo que ello implica. Los clientes y empresas cargadoras no han dudado de abusar de los transportistas, obligado a hacer labores de carga y descarga, situación a la que hay que sumar la falta de material de protección, las dificultades que han tenido los profesionales del transporte para comer, dormir y asearse o la poca o nula consideración de las diferentes Administraciones Públicas ante los problemas generados por el COVID-19 en el sector.
El desencanto y el virus han ganado la partida en esta crisis, ya que la sensación de indefensión que tienen los transportistas viene asociada al hecho de ser el colectivo profesional con más contagios por COVID-19, superando incluso a los sanitarios. Y es que lejos de reconocimientos, la actitud de las empresas cargadoras ha puesto en riesgo a los conductores, mientras que la Administración Pública, pensando sólo en aplicar exenciones a las restricciones al tráfico de camiones o a los tiempos de trabajo y descanso, no ha velado por atender a otras necesidades acuciantes de los transportistas.
Dentro del marco de gran malestar del colectivo de transportistas en España y aunque parece misión imposible, la Dirección General de Transportes y Movilidad de la Comunidad de Madrid ha vuelto a manifestar la necesidad de que los conductores no intervengan en la medida de lo posible en las labores de carga y descarga. Desde CETM-Madrid vuelven a incidir en la necesidad de que esta recomendación pase a ser una prohibición con carácter obligatorio y general en todo el territorio, salvo en excepciones marcadas por el tipo de servicio.