La crisis que acompaña a la pandemia de COVID-19 está atacando con fuerza al sector del transporte de mercancías por carretera. Una situación compleja en la que la Unión Europea no ha actuado a tiempo para orquestar un plan que regulase de forma conjunta las distintas restricciones y medidas tomadas por los Estados miembros para luchar contra el coronavirus. Sin embargo, la Unión Europea ha reaccionado con la aprobación este 27 de mayo en su Diario Oficial del Reglamento UE 2020/698 para armonizar las medidas de renovación y prórroga de distintos certificados, permisos, licencias y autorizaciones.

La ley impulsada por la Unión Europea con carácter de urgencia armoniza la introducción de la prórroga en la validez de las tarjetas CAP, las ITV y carnets, así como la extensión de los plazos de las revisiones de los tacógrafos y otros procesos como la tramitación de las licencias comunitarias y los certificados de conductores en terceros países. Un reglamento de aplicación directa que deberán asumir todos los Estados miembros, con independencia de las posibles regulaciones nacionales que tuviera cada país en vigencia.

Aunque existe la opción de que los Estados miembro pidan a la Comisión Europea la aplicación de su propia normativa en distintas áreas, siempre en el ámbito nacional, este reglamento de la Unión Europea sienta las bases de un esfuerzo común. Un plan armonizado que no se vio en el inicio de la crisis, toda vez que la Unión Europea se lavó las manos y dejó que cada Estado miembro realizase sus propias exenciones al reglamento, sin controlar tampoco las medidas extraordinarias tomadas en el control de fronteras o las restricciones al tráfico rodado.

Pese a que esta medida llega con retraso, la Unión Europea ha logrado garantizar la extensión de la validez, en hasta 7 meses, de todos los certificados, permisos y autorizaciones esenciales para el desarrollo del transporte de mercancías por carretera en todos los Estados miembros de una manera homogénea. Desde FENADISMER están confiados en que el Gobierno español no establezca reglas más estrictas a las marcadas por el Reglamento europeo para evitar desigualdades tras un periodo de inseguridad jurídica en la que cada país fijó reglas y criterios diferentes.