La pandemia de COVID-19 ha dibujado una situación crítica en el sector transporte. La falta de liquidez de las empresas, el exceso de oferta, la falta de viajes de retorno y la reducción en la actividad de otros sectores de un estrecho vínculo con el transporte han provocado que muchos profesionales autónomos y compañías estén contra las cuerdas. Una situación que se agrava por la falta de solidaridad de cargadores y operadores logísticos que están aprovechando la crisis para reducir el precio de los portes a valores abusivos y temerarios.

La Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (FENADISMER) denuncia que los precios fijados por cargadores y operadores logísticos durante la crisis del COVID-19 en un gran número de ocasiones no cubren los costes de explotación. Lejos de hablar de obtener una mínima rentabilidad por los servicios prestados, los chóferes y empresas se han topado de manera frontal con ofertas a la baja con reducciones en el precio final del servicio de hasta un 50% respecto a las cuotas habituales de mercado previas a la pandemia.

Con un simple análisis de las ofertas existentes en las principales bolsas de trabajo del sector se puede comprobar como hay multitud de servicios que se pueden considerar abusivos para los transportistas por las condiciones reflejadas. De hecho, FENADISMER señala que abundan los portes a precios irrisorios tanto a nivel internacional como nacional, con servicios que se pagan a menos de 50 céntimos el kilómetro. Un escenario que todavía se agrava más por la falta de viajes de retorno por el desajuste entre la oferta y la demanda que antes se mencionaba.

Para evitar este tipo de abusos, FENADISMER insiste que es necesario establecer una serie de controles para evitar que el marcado genere situaciones de ‘dumping’ empresarial. En otras palabras, desde la Federación inciden en la necesidad de establecer un sistema que garantice que los transportistas perciban un precio mínimo por sus servicios que les permita, al menos, cubrir sus costes. Se pide además que las empresas que incumplan esta ‘ley de mínimos’ sean sancionados dentro de un programa integral que se entiende como compatible con la idea de libre mercado.