El sector del transporte de mercancías por carretera ha sido fundamental en la respuesta ante la crisis del COVID-19. Sin embargo, los transportistas profesionales y empresas de transporte se enfrentan ahora al reto que ofrece el periodo de reactivación, momento en el que se verán las consecuencias reales de la crisis económica asociada a la pandemia. Por este motivo, desde la Fundación Corell solicitan al Gobierno una serie de medidas para minimizar la crisis del sector una vez que termine el Estado de Alarma.

La Fundación Corell a través del conocido estudio ‘Think Tank Movilidad’ ha puesto encima de la mesa distintas propuestas para mejorar el proceso de reactivación en el sector transporte. Entre las mismas, quizá la más destacada es la petición de ampliar el periodo de vigencia de la flexibilización de los tiempos de conducción y descanso. Esta exención a la norma que ha entrado en vigor con el Estado de Alarma ha permitido, entre otras cosas, garantizar el normal y correcto abastecimientos de alimentos y productos de primera necesidad durante la crisis del COVID-19.

En esta línea, desde la Fundación Corell sostienen que la flexibilización aplicada en los tiempos de conducción y descanso durante el Estado de Alarma ha servido para comprobar de primera mano que las limitaciones y rigidez en la reglamentación de horarios de actividad merma la salud de los conductores y la eficiencia de la actividad. De igual forma, desde la fundación aseguran que con una mayor flexibilidad de horarios se organiza mejor el trabajo y, por ende, los descansos y paradas obligatorias.

Por este motivo, la Fundación Corell insta al Gobierno a negociar con los representantes del sector para aplicar medidas de este perfil, además de diseñar un paquete de ayudas acorde a las necesidades reales. No obstante, el sector ha perdido más de 40.000 empresas y 200.000 empleos durante la crisis del COVID-19. En este aspecto, la fundación pide facilidades en la adecuación de las plantillas, la definición de las tareas de carga y descarga para evitar los abusos del os cargadores y reducir el periodo medio de cobro para que las empresas ganen en liquidez, algo que también se lograría con una política fiscal con menor carga impositiva.