La crisis provocada por la pandemia de COVID-19 ha modificado la actividad del sector del transporte de mercancías por carretera por completo. Por esta razón, el Comité Nacional de Transporte ha solicitado que se realice una profunda revisión a la Ley de Contrato de Transporte. El objetivo final es buscar soluciones para este tiempo de excepción, corregir los nuevos problemas que han surgido con el coronavirus y, de paso, afinar una normativa que, según las asociaciones empresariales del sector, tiene algunos puntos negros.

En esta línea, el Comité Nacional de Transportes ha solicitado de manera formal al Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana una profunda modificación de la Ley de Contrato de Transporte en áreas como la norma que regula las tareas de carga y descarga o el control de pagos, así como una serie de exenciones aplicables durante el Estado de Alarma. Entre las mismas, se pide aplicar una cláusula de revisión de los precios del combustible y un mayor control de los métodos y tiempos de pago.

La actual crisis sanitaria exige una modificación de urgencia de la norma con el fin de preservar la normal actividad del sector en tan difíciles circunstancias. En esta línea, el Comité Nacional de Transporte solicita prohibir que los conductores realicen labores de carga y descarga, toda vez que las heterogéneas condiciones que se dan en el sector hacen que los clientes impongan su ley en este aspecto. Como es lógico, el organismo solicita que las tareas de carga y descarga de los camiones se realicen siempre por el cargador y el destinatario. Cualquier otro pacto se considerará nulo.

Con el fin de perfilar de la mejor forma la normativa, el Comité señala que deberán existir algunas excepciones a la misma. La labor de carga y descarga realizada por el conductor estará así justificada en casos de mudanza, guardamuebles, vehículos cisterna, vehículos previstos de grúa, portavehículos, animales vivos y servicios de carga fraccionada. A su vez, se pide que cargador y destinatario sean los responsables de los daños derivados de las operaciones de carga y descarga, así como acabar con el alquiler e intercambio de palets.

Por otro lado, las patronales del transporte piden una regulación más adecuada de la cláusula de revisión del precio de transporte, siempre en función de la variación del precio que tenga el combustible. A su vez, se pide modificaciones en las obligaciones de pago y en los gastos que están derivados del propio transporte. Por último, el Comité Nacional de Transporte solicita que el Ejecutivo endurezca las consecuencias legales por la demora en el pago de los servicios de transporte ante el repunte de la morosidad por la crisis actual.