El Estado de Alerta que se mantiene en España y la cuarentena forzosa de una gran parte de la población por culpa de la pandemia de COVID-19 que asola al país dibuja un nuevo escenario a nivel económico muy preocupante. Es por este motivo que las empresas de transporte, al igual que de otros sectores, piden al Gobierno mecanismos de liquidez para evitar quiebras en lo que se prolonga esta situación. CEOE y Cepyme reclamana, en este aspecto, avales públicos y la suspensión de las cotizaciones de los autónomos.

Cada vez son más las voces que reclaman al Gobierno de España la aprobación de una serie de medidas urgentes para hacer frente a la crisis del coronavirus. Entre las mismas, el colectivo de empresarios solicita que la situación de Estado de Alarma sea considerada como una condición de fuerza mayor para que las empresas puedan presentar expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE). En esta línea, las empresas de transporte y logística también solicitan mecanismos útiles y rápidos para garantizar la liquidez de las compañías.

Las patronales reclaman al Gobierno que proteja a las pequeñas y medianas empresas, así como a los autónomos para evitar su «quiebra inmediata» con el objetivo de que puedan mantener la actividad. Más allá de la simplificación y agilización de los ERTE, los empresarios piden que se suspenda el pago de las cotizaciones por parte de las empresas y que del lado del trabajador se contemple el acceso al paro sin exigir el periodo de carencia y sin que afecte de ningún modo a futuras prestaciones por desempleo.

De igual forma, las patronales también solicitan el aplazamiento o el fraccionamiento sin intereses de todos los pagos de impuestos que afronten las empresas que hayan sufrido de «forma significativa» los efectos de la crisis del COVID-19. En este punto, se pide también la suspensión de la cotización social de los autónomos, el abono de las bajas desde el primer día y la articulación de una prestación por cese a cargo de un fondo extraordinario. Por último se reclama una serie de avales públicos que faciliten el acceso al crédito a las empresas, especialmente pymes y autónomos.