José Luis Ábalos, ministro de Transporte, ha puesto de manifiesto la necesidad de canalizar parte del transporte de mercancías por carretera a través de los corredores ferroviarios y autopistas ferroviarias. Para Ábalos, este método es mucho más sostenible por su alta capacidad, seguridad y menor impacto ambiental que el modelo de transporte por carretera. A su vez, el ministro ha señalado la importancia de la correcta implementación del Paquete de Movilidad de la Unión Europea.

En la comparecencia del 26 de febrero de la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados, el ministro Ábalos ha mostrado el interés del Ejecutivo por trasladar parte del transporte de mercancías por carretera a la estructura ferroviaria, ya que esta ofrece una alta capacidad, seguridad y un menor impacto ambiental. A partir de esta consideración, Ábalos ha confirmado que el ministerio está analizando fórmulas para la integración de los costes ambientales para favorecer la intermodalidad y potenciar el uso de los modelos de transporte más eficientes.

A su vez, la intervención de Ábalos ha servido para que el ministro exponga su postura ante la inminente aprobación del Paquete de Movilidad de la Unión Europea. Una cuestión clave ya que la creación de este nuevo reglamento obligará a la revisión de la Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) para su adaptación a la normativa común. En este aspecto, Ábalos ha indicado que el nuevo Paquete de Movilidad es muy relevante para el sector del transporte por carreta de España ya que modificará algunas de sus normas básicas.

No obstante, el Paquete de Movilidad modificará aspectos como los tiempos de conducción y descanso, impondrá la obligatoriedad de uso del tacógrafo digital en vehículos de transporte y alterará los requisitos de acceso a la profesión, tanto en la modalidad de transporte ligero como de transporte pesado. De igual forma, también habrá cambios en la regulación del cabotaje, las reglas aplicables a conductores desplazados a otros países y el control de las denominadas empresas buzón, con el fin en los dos últimos casos de acabar con el ‘dumping’ social.