Los Técnicos de Hacienda sugieren una reforma fiscal “verde” en la antesala de la COP25 para reducir el dióxido de carbono en torno al 3%. Estiman que España sufre un déficit superior a los 6.000 millones de euros en la imposición medioambiental con respecto a la media europea.

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) proponen crear un impuesto sobre las emisiones de gases de efecto invernadero con el que recaudar más de 10.000 millones de euros al año en España y reducirlas en torno al 3%, ante la inauguración en Madrid de la COP25 el próximo lunes. De esta manera, nuestro país compensaría un déficit superior a los 6.000 millones de euros que sufre en la imposición medioambiental respecto a la media europea.

En concreto, los técnicos sugieren una batería de medidas en la fiscalidad medioambiental europea para lograr emisiones netas cero de dióxido de carbono para 2050, tal y como se han comprometido hasta el momento 65 países, entre los que figura España junto al resto de los países más desarrollados de Europa como Alemania, Reino Unido, Francia e Italia, con el objetivo de activar planes dentro de una Alianza por la Acción Climática.

El impuesto que plantea Gestha gravaría las actividades económicas y productos que en su proceso o uso emitan Dióxido de carbono (CO2), Óxido nitroso (N2O), Metano (CH4), Clorofluorocarbonos (CFC) y Ozono troposférico (O3). Los técnicos aclaran que otros gases de efecto invernadero como el hexafluoruro de azufre (SF6), los hidrofluorocarbonos (HFC) y los perfluorocarbonos (PFC) están gravados en nuestro país por el Impuesto sobre gases fluorados, que apenas recaudó 91 millones de euros en España el pasado año, por lo que los recomiendan unificarlos en el nuevo tributo.

Sin embargo, el impuesto no afectaría a las empresas incluidas en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE UE) para evitar la doble imposición, ni a los fabricantes de los turismos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos. Por tanto, las personas y las entidades jurídicas que exploten las instalaciones en las que se desarrollen las restantes actividades quedarán gravadas con el nuevo impuesto a través de dos factores de imposición sobre los carburantes y los combustibles, uno ligado a la emisión de gases de efecto invernadero para reducir la contaminación (en kg o tonelada de cada uno de los gases), y otro ligado al contenido energético (en gigajulios) para reducir el consumo energético con independencia del producto energético utilizado.

Los técnicos explican que este impuesto sería de naturaleza estatal, aunque podría negociarse con las CCAA la cesión de parte de su recaudación. Y a nivel de la Unión Europea, proyectan una reformulación de los Impuestos especiales.