La Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) ha emitido una nota de prensa donde pone de manifiesta la honorabilidad del sector del transporte frigorífico frente a la inmigración ilegal.

La inmigración ilegal afecta desde hace años al sector del transporte de mercancías por carretera, pero de mayor manera afecta a los inmigrantes que ponen sus vidas en peligro en pos de buscar un mejor futuro, para ellos y sus familias. No es nada nuevo, pero el fallecimiento de 39 inmigrantes en el Reino Unido ha vuelto a sacar a las portadas este grabe problema.

Ante esta situación y la siempre fácil y recurrente culpabilización sobre parte del sector del transporte de mercancías por carretera, la Asociación Española de Empresarios de Transporte Bajo Temperatura Dirigida (ATFRIE) ha emitido una nota de prensa donde pone de manifiesto el trabajo que hacen sus empresas asociadas y las del resto del sector tomando las medidas pertinentes para prevenir esta inmigración y a las sanciones que se enfrentan, tanto el conductor como la empresa transportista en el Reino Unido.

El pasado jueves 24 del presente mes de octubre toda Europa ha conocido una vez más la crueldad intolerable de cómo las mafias engañan a seres humanos, esta vez 39, garantizándoles bajo precio un futuro mejor en un lugar más próspero, a través de un viaje sin retorno, y que finaliza bien en una detención y deportación, bien en una muerte vinculada al lugar donde se les ubica: el camión frigorífico.

Y decimos una vez más porque no es la primera vez. Desde África o Asia, desde civilizaciones no desarrolladas donde esas personas viven en condiciones infrahumanas, pero que luchan cada día por participar activamente de un engaño que acaba, en el mejor de los casos, en un retorno peor que el que tendrían, sin ningún futuro.

Una civilización abierta como es Reino Unido podría permitirles un presente de prosperidad y de permisibilidad, por lo que los inmigrantes se fijan como objetivo llegar sin importarles la manera, sin valorar que su vida se pone en peligro.

Las mafias han situado al sector del transporte frigorífico como el “cooperador civil necesario”, que les sirva de cauce para que no se note el engaño al que “su clientela inmigrante” van a enfrentar. Si a ello le sumamos que las flotas españolas de este subsector de transporte tienen un posicionamiento de liderazgo en toda la Unión Europea, y son las que más toneladas transportan hacia Reino Unido, se agrava mucho más la situación teóricamente de sospecha que se tendría sobre ellas. El aumento de los controles migratorios en puertos como Dover y Calais ha hecho que las mafias se muevan por otras rutas, por lo que el riesgo está asegurado.

Y lo consideramos hipotéticamente, cuando la realidad es que, por convicción y por obligación, no hay empresa española que se dedique a realizar algo más que no sea exportar productos españoles a los destinos que se hayan acopiado de la calidad de los mismos. Por lo tanto, el transporte efectivo es el único fin.

Echando la vista atrás, ante la avalancha que se dio en el año 1999 de inmigración clandestina a su país, las autoridades de Reino Unido tomaron la decisión de aplicar sobre el sector del transporte desde el año 2002 el denominado Immigration and Asylum Act Section 32; es decir, un férreo protocolo por las empresas de transporte y por sus embajadores, los conductores profesionales, para chequear antes y durante el transporte efectivo el conjunto articulado en su conjunto, por dentro y por fuera, por arriba y por abajo, para defender la honorabilidad de las empresas y no ser sospechosos de colaborar con las mafias. Donde hay que trabajar erradicando esta práctica inhumana es en los lugares de origen de las mismas.

Tanto en recintos portuarios como a la salida inglesa del Eurotunnel, los agentes aduaneros chequean el conjunto articulado y solicitan a los conductores profesionales información sobre el cumplimiento por parte de ellos como de la empresa de transporte del procedimiento legalmente establecido. En el caso de encontrar inmigrantes en los bajos del vehículo, dentro de la caja frigorífica (que alcanzar los 25 grados bajo cero), o entre el equipo frigorífico y la cabeza tractora, por identificar lugares habituales de permanencia, se les eleva una multa tanto a conductor de 400 libras por cada inmigrante encontrado, como a la empresa de 800 libras por cada uno. La responsabilidad la ostenta el propietario del vehículo, el posible arrendatario del mismo y el conductor.

Las razones se determinan en su normativa, destacando la falta de evidencias por parte de la empresa en que no ha formado a su conductor profesional y ni les han entregado instrucciones escritas a que lleve a cabo los chequeos durante el viaje, en que no se disponga de pruebas documentales (checklist de seguridad) por las que se demuestren los chequeos durante el trayecto, o en casos en que la caja frigorífica lleve un equipamiento de seguridad y que éste no haya sido atacado.

La normativa inglesa fija claramente un protocolo de trazabilidad de trayecto recorrido, de duración del mismo y de las últimas tres paradas llevadas a cabo, durante las cuales el conductor debe chequear el vehículo. Hay un manual de procedimiento que las propias autoridades inglesas ponen a disposición de las empresas de transporte para llevarlo a cabo.

Y junto a todo ello, el lógico rechazo de la mercancía por el destinatario ante las seguras proliferaciones microbacterianas derivadas del contagio humano, lo que determina incumplir el contrato de transporte firmado, dejar de cobrar el mismo y tener que costear un viaje de retorno a un lugar habilitado para destruir la mercancía, también a su costa.

Muchas veces el sector ha lamentado tanto el hecho en sí como el alto precio que involuntariamente se ha de pagar ante el posible inmigrante que supera todo tipo de chequeos y que se cuela, llegando a destino vivo o falleciendo durante el viaje. Hasta incluso hay flotas españolas que, desde que se aplica la norma, no se ofertan para realizar transporte con destino Reino Unido. Pero estas son pocas. Las cifras de toneladas hortofrutícolas transportadas así lo aseguran: 996.487 toneladas hasta el pasado julio, con un crecimiento del 6% en volumen. Normativa sí, pero presunción de inocencia también, ya que lo que también es intolerable es que se considere al camión frigorífico como cooperador siempre de la inmigración clandestina, formando parte de la propia mafia.

Resumiendo, la honorabilidad de la flota internacional española está fuera de toda duda. No participan activamente del contrabando de personas, sino de la prosperidad económica de España y alimentaria de los países de destino. Sufren más que nadie cuando tienen la mala suerte de transportar vidas humanas que, en el mejor de los casos, las deportan a sus países de origen. La sociedad debe ser testigo de ello, sin fisuras. Somos garantes de la calidad alimentaria y de culminar el proceso de exportación de los productos españoles.