Los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, anunciaron ayer martes que se movilizarán el próximo 8 de febrero en un «gran acto sindical» en Madrid para forzar al Gobierno a que derogue determinados aspectos de la reforma laboral de 2012.

«Es el momento de concretar, de ejecutar medidas para la igualdad, para recuperar derechos y salarios«, han dicho ambos líderes, quienes han instado al Gobierno a que «mueva pieza y que no se escude en minorías parlamentarias» y lleve «al BOE» aquellas reformas en las que ya están de acuerdo, «aunque la CEOE no lo esté«.

A esta gran asamblea, que movilizará a más de 10.000 sindicalistas, le seguirán otras que culminarán con un paro laboral de 2 horas para todos los trabajadores el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, «en una jornada de lucha feminista desde una dimensión laboral».

Ambos líderes han recordado que, al acuerdo sobre negociación colectiva firmado el año pasado con la patronal para elevar los salarios hasta un 3 % y situar el salario mínimo en convenio en los 14.000 euros anuales, se suman las que llevan meses manteniendo ambas partes con el Gobierno en diálogo social.

En esas negociaciones, el Ministerio de Trabajo y los sindicatos alcanzaron un preacuerdo para restablecer la ultraactividad (vigencia ilimitada) de los convenios colectivos y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

Este principio de acuerdo, que también incluía la recuperación del subsidio para mayores 52 años y la limitación a la subcontratación con la obligatoriedad de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa principal, es el que ambos sindicatos piden al Gobierno que saque adelante cuanto antes, pese a la postura de la patronal.

«No queremos que el Gobierno otorgue a la CEOE el derecho de veto«, ha dicho Sordo, porque si la patronal no quiere suscribirlo, «está en su derecho, es legítimo, pero no puede decir que se le ha excluido» de la negociación.

El líder de CCOO ha pedido al Gobierno que presente un Decreto Ley que entre en vigor de manera inmediata, para después tratar de ser convalidado en el Congreso, aunque no descarta que finalmente deba seguir un trámite parlamentario.

En ese escenario, Álvarez ha mostrado la disposición de las organizaciones sindicales de «trabajar y presionar a los grupos» que están de acuerdo con estas propuestas y que apoyaron la moción de censura, para que «no duerma el sueño de la mesa del Congreso«.

«No vamos a aceptar argumentos utilizando a otros como excusa«, ha dicho Álvarez, quien no obstante ha reconocido que no puede exigir al Gobierno que convierta 84 diputados en 176, pero sí «corresponsabilidad en los asuntos cerrados con Trabajo«.

También piden al Gobierno que de certeza a la población en materia de pensiones, aprobando medidas para mejorar los ingresos de la Seguridad Social, llegando a un acuerdo para la desaparición del factor de sostenibilidad y para revisar las pensiones conforme al IPC, ha dicho Álvarez.

Ambos líderes han considerado «surrealistas» los asuntos del debate político actual, como «las banderas, la conquista de Granada o las costumbres navideñas», y han abogado por situar en el centro del mismo la lucha contra la desigualdad y la brecha laboral, el empleo de calidad y el sistema de pensiones.