El Congreso ha acordado  una ‘hoja de ruta’ dirigida a la renovación del transporte privado y de mercancías, tanto terrestre como marítimo, de cara a la transición ecológica, con objetivos a 2030, y exigiendo entre otras medidas al Gobierno que, su plan de incentivos a la compra de vehículos eléctricos y de bajas emisiones, se centre en los consumidores de rentas más bajas.

Así figura en esta iniciativa presentada por el PSOE en la Comisión de Transición Ecológica y pactada finalmente con el PP, Unidos Podemos, Ciudadanos y Compromís, que ha salido adelante por unanimidad.

Concretamente, el Congreso reclama el desarrollo «de forma especial y urgente» de un plan de ayudas dirigido a automóviles y furgonetas más antiguos que considere el nivel de renta, y acordar con comunidades autónomas, sindicatos y patronal del automóvil «una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares».

INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE ACCESO PÚBLICO

Asimismo, pide incentivos para fomentar una infraestructura de recarga de acceso público, mecanismos para que la Administración Pública «asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos«, un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos y campañas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.

Por otro lado, pide facilitar proyectos de I+D+i en desarrollo de baterías eléctricas y de su reciclaje y fijar unos estándares comunes para los puntos de recarga, que incluya elementos como el tipo de enchufe, el tipo de software, o la forma de pago.

AYUDAS AL CAMIÓN LIGERO ELÉCTRICO

La hoja de ruta para la transición ecológica en el transporte también propone otras medidas dirigidas a la descarbonización del transporte terrestre de mercancías, y reclama la planificación de las infraestructuras ferroviarias y un plan de implantación del camión ligero eléctrico.

En este sentido, pide desarrollar un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada, y también facilitar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías «que permitan descarbonizar completamente el transporte de mercancías«.

BUQUES A GAS NATURAL LICUADO Y ELÉCTRICOS

Por otro lado, pide también la adopción de medidas en los puertos españoles, donde pide garantizar la energía eléctrica de los buques, pero también facilitar la transformación del transporte de mercancías marítima al gas natural licuado.

Así, pide planificar las inversiones para instalar en los puertos, priorizando aquellos localizados en grandes rutas internacionales, sistemas de suministro de gas natural licuado a buques, e incentivar a través de exenciones fiscales o ayudas directas, las inversiones de los armadores para la adaptación de los buques a esta energía.

LAS ELÉCTRICAS, TITULARES DE ÚLTIMO RECURSO EN LOS PUERTOS

Respecto al suministro eléctrico, el Congreso ha acordado posibilitar que las autoridades portuarias puedan distribuir energía eléctrica a los concesionarios, incluso a través de redes de distribución de energía eléctrica cerrada, y que estos puedan dar suministro a buques atracados.

Asimismo, según este acuerdo, las empresas distribuidoras podrían ser titulares de último recurso de la infraestructura necesaria para el suministro a buques en atranque, una vez que se haya celebrado un concurso y no haya pujado por esta titularidad ninguna otra empresa.

En este sentido, pide que las tasas devengadas por la ocupación privativa de la zona de servicio portuario por parte de las empresas de distribución sean consideradas como costes retribuibles.

UN PEAJE ESPECÍFICO PARA LOS BUQUES

El Congreso también pide un peaje específico para el suministro eléctrico de los buques, estudiar medidas para facilitar su adaptación al consumo eléctrico –propone reducir el impuesto especial de electricidad o incentivos fiscales a la inversión–, planificar las inversiones en infraestructura y un calendario para su instalación.

Asimismo, pide que esta reforma esté «guiada por el principio de que ‘quien contamina paga‘» y sea «neutral a la recaudación«, incluir a los puertos de interés general en las zonas de distribución eléctrica y reordenar y «simplificar con criterios de eficacia y eficiencia la elevada proliferación de normas y tributos ambientales entre comunidades autónomas y Administración central«.