El Ministerio de Fomento y la Junta de Castilla y León mantienen «el compromiso y voluntad» de hacer efectivos los convenios para el desvío obligatorio subvencionado del tráfico de pesados de la N-I a la AP1 y de la N-120 a la AP71 con aportaciones económicas por parte de ambas administraciones.

Dichos convenios, que están en tramitación, «compleja» por afectar a tres partes, dos administraciones, Junta y Ministerio, y la Concesionaria de la autopista correspondiente y que el Ministerio impulsa por los trámites previsto al efecto, según han informado fuentes del Ministerio y de la Junta.

De este modo, según las mismas fuentes la Junta de Castilla y León considera que la medida es un «paso importante» en materia de seguridad vial y de funcionalidad de la red, a tenor de la circulación de este tipo de vehículos en ambas carreteras nacionales, con incidencia en la seguridad de las poblaciones por las que transcurre la carretera.

Mientras tanto …

Los vecinos exigen a Fomento que saque los camiones de la N-I

Malestar entre los concentrados por la falta de decisión de Fomento sobre el desvío de camiones por la AP-1 / Han pasado 8 años de protestas sin respuesta

La concentración y corte de la carretera Nacional-I en el escenario del último accidente mortal, ocurrido hace una semana, en el que perdió la vida una joven pareja gallega, reunió ayer a cerca de trescientas personas que reclamaron la puesta en marcha del desvío obligatorio de camiones por la AP-1 durante los próximos tres meses que restan para que finalice la concesión del peaje de la autopista.
El portavoz de la plataforma por la Nacional 1, de quien partió la convocatoria de la protesta, Rafael Solaguren, recordó que fue hace justo ocho años después de que cuatro personas fallecieran en ese mismo lugar, cuando comenzaron a concentrarse por las víctimas mortales y «las cosas siguen igual».

Solaguren recordó que «el tráfico es el mismo y el porcentaje de vehículos pesados más del 50%» y lamentó que hasta ahora no se laya levantado el peaje o, «al menos» se haya forzado los camiones a circular obligatoriamente por la AP-1 «algo que se acordó por la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Fomento en noviembre del año pasado pero todavía no se está aplicando».

Por ello fue muy explícito al afirmar que «hasta diciembre que termina la concesión seguirá habiendo víctimas mortales» y muy duro al señalar responsables ya que, en su opinión, «la culpa puede que sea por un conductor que ha bebido pero los responsables están sentados en despachos».

El alcalde de Quintanapalla, Javier Lozano, por su parte, dudó que el final del peaje el 30 de noviembre vaya a ser la solución definitiva. De hecho, la peligrosidad del tramo de esta localidad a 15 kilómetros de Burgos donde se produjo el último siniestro mortal también quedo evidenciado en el amplio despliegue de efectivos de la Guardia Civil de Tráfico que garantizó la seguridad de los concentrados y se encargó también de que ocupasen el menor tiempo y superficie posibles para el corte de la Nacional.