Según se constata en el último informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el absentismo laboral de los autónomos es 6 veces inferior a los asalariados. Como dato demoledor, solo 10 de cada 10.000 autónomos se ven obligados a coger la baja por enfermedad.

Y no es que la condición de ser autónomos, la excesiva carga de responsabilidad que acarrea, les dote de mayor salud que al resto de los trabajadores, en absoluto, teniendo en cuenta el grado de incertidumbre y precariedad que conlleva el trabajo autónomo.

En muchos casos coger la baja significa cerrar la actividad económica temporalmente. Además, la protección social, el subsidio de enfermedad y accidente que se cobra es tan ínfimo que no les queda más remedio que seguir trabajando hasta el límite. Por eso las bajas del autónomo, cuando se realizan, son más prolongadas que las de los asalariados.

En definitiva, el menor absentismo laboral, las prolongadas jornadas, con hasta 8,7 horas más trabajadas por semana que los asalariados, siendo el colectivo que menos déficit genera a la Seguridad Social (200 euros menos que los asalariados), todo ello les lleva, sin embargo, a percibir una pensión de hasta 500 euros de media menos que el resto de los trabajadores (más de 900.000 pensionistas autónomos no llegan al salario mínimo interprofesional) y unos 120.000 autónomos siguen cotizando tras cerrar para poder jubilarse con el salario mínimo. En su última etapa al autónomo le queda una pensión de pobre después de toda una vida de trabajo.

Y frente a estos datos, en el debate actual cabe recordar, además, que en estos últimos cuatro años las pensiones de los autónomos sólo han aumentado 60 euros, mientras el coste de la vida ha sido cuatro veces mayor. Y ante una posible aplicación de subida de las pensiones del 0,25% anual igual a todas, lejos de paliar el problema hará que la brecha sea todavía mayor.

Desde CIAE (Confederación Intersectorial de Autónomos del Estado Español), se está pidiendo a los legisladores y a las personalidades que integran el Pacto de Toledo que se pregunten si el trato que reciben los autónomos es, en general, digno de un colectivo que no es carga para la Seguridad Social y al que se considera por todos como fundamental para la marcha de la economía real y el empleo.