Pese a los evidentes pasos adelante que se han dado en cuanto a los plazos máximos de pago y la morosidad en el sector del transporte de mercancías por carretera desde la implantación en España de un régimen sancionador, la realidad es que las empresas de la actividad aún viven situaciones que están lejos de ser las ideales. Los plazos de pago en España aún se mantienen por encima de los 60 días y lo cierto es que el análisis general es preocupante.

Un reciente estudio señala que el 8% del tejido productivo del país trabaja con sus clientes con plazos de pago superiores a los 90 días, mientras que sólo el 51% de las empresas operan por debajo del plazo de 60 días que marca la Ley de Morosidad. Sólo el 11% de las empresas han conseguido reducir el plazo de pago por debajo de los 30 días, ajustándose así a los plazos de pago que quiere instaurar la propuesta de nuevo Reglamento de la Comisión Europea.

Quizá lo más sorprendente de todo esto es que el 72% de las empresas, también las del sector transporte, reconocen que aceptan pagos de plazo superiores a los deseados con el fin de mantener su cartera de clientes. La alta competencia y atomización del sector provoca que esta práctica sea habitual al haber una gran oferta. Una circunstancia que afecta todavía de manera más grave a los transportistas autónomos, con una capacidad de imponer plazos de pago adecuados casi nula. Las Pymes tampoco tienen demasiado músculo en este aspecto.

Aunque la actuación y situación de los clientes de transportistas es muy diferente, en el 60% de los casos los retrasos en los pagos responden a los propios problemas financieros de los clientes y a la falta de liquidez. Al menos esta es la razón más citada para explicar la morosidad que se dan en el sector transporte. Un motivo recurrente y que en términos absolutos suena ‘mejor’ que hablar de retrasos intencionado. Sólo el 6% de los retrasos en los pagos son por disputas sobre el servicio prestado.