El Gobierno ha elevado a 411 millones de euros la factura por el rescate de la autopista AP-36 Ocaña-La Roda, mientras que ha mantenido en cero euros el coste de la radial madrileña M-12, dos de las nueve autopistas que quebraron durante la crisis y que actualmente gestiona el Estado.

En concreto, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha calculado en 411 millones de euros la primera resolución de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) para la AP-36, es decir, el importe que debe pagar a los concesionarios de las vías por la inversión realizada en su construcción que aún no habían amortizado.

Este nuevo importe es un 29% superior a la responsabilidad calculada inicialmente el pasado mes de marzo, aunque sigue sin ser una cifra definitiva, ya que se volverá a revisar cada seis meses para tener en cuenta las situaciones pendiente de expropiaciones, motivo por el que el Estado retiene parte de la RPA calculada.

Por su parte, el Ministerio que dirige José Luis Ábalos ha mantenido en cero euros la responsabilidad patrimonial de la radial M-12, que une Madrid con el Aeropuerto de Barajas, por lo que, a diferencia de la AP-36, no realizará por el momento ningún abono.

Por el momento, el Gobierno también ha calculado una factura provisional de cero euros para las autopistas R-3 y R-5 (Accesos de Madrid) y para la R-4, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura.

En total, la factura que supondrá a las arcas públicas el rescate de las nueve autopistas de peaje que quebraron durante la crisis no podrá superar los 3.305 millones de euros, según la fórmula que el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros ese mes y que quedó publicada el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El Ministerio ha anunciado que tres autopistas serán objeto de una subida de tarifas, dado que a las reducciones aplicadas hay que añadir subidas escalonadas previstas anteriormente para financiar costes relacionados con excesos de valoración de expropiaciones, ejecución de obras o financiación de bonificaciones de peaje, así como para compensar la no aplicación de incrementos de tarifas inicialmente previstas.

Estas autopistas serán la AP-7 Alicante-Cartagena, con un incremento del 0,89%; la autopista AP-9, con una subida del 0,92%; y, finalmente, en la autopista AP-6, Villalba-Adanero, cuyas tarifas variarán un 0,74%.

Se rebajará con carácter general un 0,11% las actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado a partir del 1 de enero de 2021, según ha informado en un comunicado.

En la actualización tarifaria no se incluyen las autopistas gestionadas por Seittsa, para las cuales siguen vigentes las tarifas aprobadas por el Acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de diciembre de 2018.

Así, a partir del 1 de enero las actuales tarifas de las autopistas dependientes del Estado se les aplicará una rebaja del 0,11% con carácter general, si bien, por la evolución de los tráficos respecto a los previstos, la reducción será del 0,08% en las autopistas AP-66 Campomanes-León, AP-68 Bilbao-Zaragoza; AP-2 Zaragoza-Mediterráneo y AP-7 La Jonquera-Tarragona.