La pandemia de COVID-19 ha cambiado por completo la realidad del sector del transporte de mercancías por carretera. No obstante, la crisis sanitaria del coronavirus se ha convertido en el preludio de una grave crisis económica que amenaza a miles de empresas y autónomos. De hecho, 36.905 transportistas autónomos se han acogido a la prestación por cese de actividad establecida por el Gobierno según reflejan el estudio realizado por FENADISMER a partir de los registros que atesora la Seguridad Social.

Pese a que el sector transporte ha funcionado desde la instauración del Estado de Alarma por la crisis del COVID-19 como actividad esencial, la realidad es que el descenso de la producción en todo el tejido industrial del país y la paralización del sector servicios ha provocado un descenso muy acusado de los servicios realizados por las empresas de transporte y logística, así como por los propios autónomos. Los 36.905 transportistas autónomos que han detenido su actividad son la mejor muestra de esta situación.

Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades en las que se hay un mayor de transportistas autónomos que han cesado su actividad, si bien se trata de un mal endémico extendido por todo el país. Una situación que desde la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España catalogan como dramática y que requiere un plan de ayudas específico para el sector del transporte de mercancías por carretera con el objetivo de evitar la quiebra inmediata y desaparición de miles de autónomos y Pymes.

Desde FENADISMER señalan la necesidad de una inyección de liquidez en el sector. En este aspecto, la Federación pide una moratoria en el pago no sólo de algunas cuotas e impuestos, sino en el pago a las entidades financieras de las próximas cuotas mensuales de financiación de los vehículos de transporte. A su vez, solicita la extensión en la vigencia de los seguros de los vehículos por un plazo equivalente al periodo de inactividad y una línea de financiación avalada 100% por le Estado con un límite de 25.000 euro por Pyme, como se ha hecho en Italia.